Qué es la nueva ley del cambio climático y cómo afectará a grandes y pequeñas empresas

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Hace tan solo unas semanas, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, con la que España se propone la descarbonización del país para antes de 2050, apostando por las energías renovables y el coche eléctrico.

Se trata de una de las prioridades del Ejecutivo de Pedro Sánchez desde que se inició la legislatura, por ello, la semana pasada Sánchez explicó que “debido a la crisis del Covid-19” se ha podido comprobar de primera mano lo que “significaba la palabra emergencia” y por ello, se ha de denominar al proceso de cambio climático como una “emergencia”.

El primer objetivo se establece en 2030, cuya meta es reducir las emisiones de GEI en, al menos, un 20% respecto a 1990 y generar el 70% de la electricidad con energías renovables, por ello la Ley dará un impulso a las renovables y establece que el sistema eléctrico de España ha de ser 100% renovable.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha subrayado que es “una oportunidad” debatir esta cuestión tras la recuperación del Covid-19 ya que ha explicado que es el momento para debatir “cuál es la España que se quiere reconstruir”. Según la ministra, la Ley de Cambio climático, expone cómo podemos contribuir a la reconstrucción europea y cumple “con España y los españoles”.

Como resultado, y en beneficio a la ciudadanía, se incrementarán las medidas para adquirir coches eléctricos, habrá más espacios verdes en las ciudades y se adaptarán infraestructuras para crear más zonas para peatones y bicicletas. Además, el consumidor final apreciará una disminución en sus recibos de la luz ya que se realizará un nuevo mecanismo de subastas de energía. Asimismo, también se generarán nuevos empleos vinculados con el sector energético y se llevará a cabo una educación climática en los colegios y universidades.

Por otra parte, las empresas se verán obligadas a facilitar más recursos para la lucha del cambio climático a nivel presupuestario y se establecerán zonas de bajas emisiones. Además, las grandes empresas deberán reportar información sobre los riesgos del cambio climático derivado de sus actividades.

En el caso de las PYMES no poseerán obligaciones directas de reportar información a la administración en materia de cambio climático, pero deberán trabajar aspectos de sostenibilidad y criterios ecológicos.